Cuatro entrevistas a víctimas de la violencia en Coatzacoalcos permiten entender el contexto en el que se registró el incendio del bar «Caballo Blanco»: la colusión entre las autoridades y policías con el incremento de la extorsión que orilla al cierre de negocios y la fuga de inversiones de esta importante ciudad porteña del sur de Veracruz, relación que la madre de una de las víctimas del atentado observa como la profunda raíz del ataque que cobró la vida de su hija y una treintena más de personas.
Por Violeta Santiago
Coatzacoalcos, Veracruz, 1 de enero (Blog Expediente).– La noche del 27 de agosto de 2019, entre las 21:30 y 21:45 horas, cuatro sujetos con botes de plástico presuntamente llenos de gasolina ingresaron armados y sometieron al guardia apostado en el acceso principal del “Caballo Blanco”, un centro nocturno de fachada color amarillo y rojo emplazado en la calle Román Marín de la colonia Centro, en Coatzacoalcos, Veracruz.
El guardia que narró los hechos sobrevivió al incendio que sobrevino después de que regaron la gasolina sobre la barra y le prendieran fuego con un encendedor. Apenas minutos antes platicaba con su esposa, quien trabajaba ahí como cajera; ambos habían sido invitados por la mamá de ella, quien administraba el lugar.
Cuando el guardia vio entrar a los hombres armados comenzó a buscar a su esposa, pero se detuvo al notar que tenían intenciones de incendiar el lugar. Como estaba cerca de una bodega pudo esconderse. Y desde ahí escuchó la explosión.
Su esposa fue sacada con vida del lugar, pero murió día y medio más tarde en el área de atención a personas quemadas en el puerto de Veracruz. Tenía el 90 por ciento de su cuerpo herido.
El guardia no pudo continuar el relato porque llora al recordar la situación. Habló en entrevista con Blog Expediente sólo bajo condición de no revelar su nombre, pues aunque perdió a su esposa, le queda alguien por quién vivir. Él cuanta lo que pasó esa noche con una voz cargada de miedo, pero también de rabia.
Toda su vida la había hecho en Coatzacoalcos, municipio sureño de más de 300 mil habitantes ubicado frente al Golfo de México. Famoso en la región por sus playas —desde donde, cuenta la leyenda, partió Quetzalcóatl para convertirse en el Lucero del Alba—, en esas aguas conviven en Semana Santa por igual bañistas y descargas de drenaje, mientras que buena parte de la costa ha sido devorada por juegos, monumentos, plazoletas y otras instalaciones de concreto. Pero de 2014 a la fecha este puerto beneficiado por la actividad petrolera —dos petroquímicas al sur y un recinto portuario— se volvió sinónimo de violencia.
El guardia, quien considera dejar este lugar, lo resume así: “Coatzacoalcos ahorita es una porquería. Te tienes que cuidar hasta de tu propia sombra. Ya no puedes salir a la calle, no puedes salir con tu familia, no puedes hacer nada. Ya lo que tenía ya no está”.
El centro nocturno“Caballo Blanco” había reabierto el 13 de marzo de 2019. El local, en sí, tenía una tradición de más de 50 años, primero como cantina y después como table dance. Operaba de martes a sábado. Los empleados solían comenzar su jornada a las 17:00 horas y esta por lo regularse prolongaba hasta las 7 de la mañana. En días activos se reunían hasta 150 clientes, mientras que cuando había poca afluencia el público oscilaba entre las 30 y 50 personas.
El día del atentado era miércoles, un día “flojo”. La cuota final de muertos ascendió a 31, más los aproximadamente 12 heridos. El atentado en el bar “Caballo Blanco” recibió atención nacional e internacional e incluso se le comparó con el episodio del “Casino Royale” de 2011, en Monterrey, Nuevo León. Ambos marcados por la historia de una guerra de organizaciones criminales. Ambos sin una sola mención de las autoridades como actores de la violencia que no sea como proveedores de información, de datos de “grupos rivales”, de promesas de apoyo, de justicia, de no “impunidad”.
A más de cuatro meses de estos hechos en un Coatzacoalcos no hay resultados en las investigaciones. El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró los primeros días después del caso que un joven de 15 años fue quien roció la gasolina en el bar, versión retomada por los medios nacionales y la prensa regional sin cuestionamiento. También Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador de Veracruz, informó —a pesar de no tener investidura para hacerlo— que ya había personas detenidas por el caso, aunque no hubo ninguna corroboración de parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que al final atrajo el caso. Al cumplirse los dos meses, Cuitláhuac no quiso hablar más de lo sucedido en Coatzacoalcos, del ataque que dejó a 25 niñas y niños huérfanos. Y con el paso de las semanas aquel episodio se enterró en el olvido, en contraste con reiterados comunicados donde se presume que en Veracruz la violencia va a la baja.
“¿CUÁNDO VA A VENIR MI MAMÁ?”
América del Carmen Gómez Ortiz habla por teléfono desde un celular con la pantalla quebrada mientras la niña que lleva del brazo mira los chocolates del aparador del Sanborns de Coatzacoalcos. Cuelga y saluda parcamente. Unos minutos después, sentadas en un gabinete del restaurante propiedad del hombre más rico de México, reciben los menús. América no pide nada, no tiene dinero. La niña de tres años de edad, vivo rostro de su madre, desliza con ojos emocionados las páginas del menú infantil hasta señalar con sus pequeños dedos un plato de 160 gramos de helado de fresa y vainilla con crema batida, una oblea triangular y dos galletas tubulares de chocolate que en conjunto parecen un barco coronado con una bandera pirata. “¿Quieres este?”, le pregunta la abuela a la menor. Sonríe cuando observa al otro lado de la mesa y ve una respuesta positiva. Antes había dicho que no traía ni para el taxi, por lo que parece consolarla que a pesar de su situación, su nieta podrá disfrutar del helado.
La mujer es de complexión delgada y tres cosas destacan en su rostro: ojos hundidos, arrugas que no le hacen parecer de 44 años de edad y un lunar al lado derecho de la barbilla, casi en la comisura de una boca curvada hacia abajo.
Nacida en Coatzacoalcos, rememora la época en la que, en su juventud, podía caminar por la noche en el malecón costero. En cambio “ahorita ya no, ya son las nueve y apúrate porque hasta los urbanos dejan de dar servicio de transporte”.
Su hija, Xóchilt Nayeli Irineo Gómez, fue una de las jóvenes asesinadas en el interior del bar “Caballo Blanco”. De cabello lacio, largo y castaño oscuro, la muchacha de 24 años de edad acudía a este y otros centros nocturnos para bailar a cambio de una paga ante la falta de un trabajo regular para mantener a sus dos hijos, un niño de siete años y la niña de tres que acompaña a América, una mujer que ha trabajado como vigilante y, ocasionalmente, como seccional del PRI en la época en la que Marcelo Montiel Montiel fue Alcalde de Coatzacoalcos por primera vez.
Xóchilt, la segunda de cuatro hermanos, se embarazó siendo adolescente. Su madre narra que “se juntó” con el muchacho, padre de su bebé. Como el padre de Xóchilt trabajaba entonces en la Policía Estatal, a América no se le complicaba ayudarla de vez en cuando con los pañales o la leche, pero comenzó a notar que la pareja de su hija dejó de hacerse responsable. En una ocasión, su consuegra le llevó a su nieto alegando que la madre había abandonado a su hijo. “Nayeli jamás deja a sus hijos”, se extrañó la madre. Horas más tarde recibió la llamada de su hija, quien había sido golpeada y tirada abajo de un puente.
De vuelta al hogar materno,Xóchilt comenzó a trabajar como bailarina. “No sé quién la invitó”, admite América, quien insiste en que su hija hubiera podido estudiar más allá de la secundaria porque “fue muy inteligente”, pero la influencia del novio que tenía entonces la orilló a desistir.
El trabajo como bailarina no era constante. En una pausa, se fue a Ciudad del Carmen, Campeche, conoció a su otra pareja y se embarazó, de lo que se dio cuenta cuando ya tenía seis meses de gestación. Tras una amenaza de aborto y un complicado parto, nació su hija.
Mientras se cuentan la historia de su nacimiento, la niña se concentra en el helado que come con ganas, aunque con dificultad. Es que tiene paladar hendido, dice la abuela, “la alimentábamos con jeringas”.
Xóchilt regresó a Coatzacoalcos y no trabajó durante los primeros dos años de vida de su hija, aunque pronto volvió a sufrir la violencia intrafamiliar. “Yo no sé por qué ese afán de que te dejes golpear”, le decía a la joven y luego América reflexiona: ”Yo lo entiendo porque yo viví violencia intrafamiliar con su papá, entonces son patrones que se siguen, que creen que eso es normal”.
Para agosto de 2019, Xóchilt casi cumpliría un año de trabajar como bailarina. Sobre los problemas en su trabajo, a veces le contaba a su mamá que, al calor de las copas, había chicas que rivalizaban entre sí, pero no más. La parte más difícil era lidiar con los clientes ebrios. “Yo siento que es uno de los trabajos más pesados que hay. ¿Por qué? Porque puedes trabajar en una compañía, en una empresa donde estés cargando, todo eso, pero estar aguantando una persona alcoholizada, estar aguantando personas insolentes, no cualquiera lo hace”. América prosigue señalando que es un trabajo muy criticado porque “prácticamente es prostitución, ¿no?”, pues ha notado que así es como son vistas.
Días después del atentado leyó comentarios en Facebook como “se murieron ahí por ir a ver mujeres desnudas”. “Pero, a ver, momento. Juzgan, critican a la bailarina, pero no critican ni a la que le dicen “la mami”, al “barman”, ni al “DJ”, ni los meseros, ni los vigilantes. ¡Es lo mismo! Es un empleo. ¿Por qué no juzgan a todos ellos, entonces? ¿Por qué precisamente a las bailarinas?”
La joven solía bailar los miércoles, viernes y sábados; comenzaba a más tardar a las 8 de la noche y regresaba cuando ya amanecía o veces a las 7 u 8 de la mañana; en cambio, cuando la jornada era “floja”, volvía a la medianoche. “¿Qué, mami?”, le preguntaba América. “No hubo nada”, le respondía su hija con tristeza. “Nos descontaron. Nada más alcancé 200 pesos”. Entonces su madre le insistía en que ya no fuera, que para qué seguía, que comida no les faltaría. “Ay mami”, le devolvía Xóchilt, cuyo nombre de bailarina era “Sofía”.
El miércoles 27 de agosto América se fue temprano a la cama, aunque decidió no apagar el celular, como siempre hacía. El timbre de los mensajes de WhatsApp la inquietó un poco, pero el cansancio era mayúsculo, así que no se movió. Hasta que le marcaron. “¿Quién me estará llamando ahorita? ¿Quién molestará?”, se preguntó. Después de la tercer llamada, cuando presintió que debía ser algo importante, decidió contestar. Y, de alguna forma, Xóchilt le vino a la mente, aunque creía que era porque ya regresaba su hija: tenía la costumbre de marcar cuando iba en camino para que estuviera al pendiente.
América tomó el teléfono, pero no reconoció el número del que le hablaban. No tenía saldo para devolver la llamada, así que abrió la aplicación de mensajería WhatsApp. “¡Chisme, chisme! Hey, Carmela, despierta”, leyó.
Sonó el teléfono de nuevo. Era Laura, una amiga de su hija.
—¿Y Nayeli? —Le preguntó Laura.
—¿Nayeli? Se fue a trabajar.
—Dime que está acostada contigo.
—¿Cómo?
—Dime dónde está Nayeli—Le insistía.
—Nayeli fue a trabajar, Laura.
—No me digas eso.
—¿Pero qué pasó? — América comenzó a preocuparse.
—¿No sabes nada?
—¿Nada de qué?
—¿No sabes? —Pausa.— Que hubo un atentado en “Caballo Blanco”. —Laura no vivía en Coatzacoalcos, pero se enteró por las redes sociales.
—No, Nayeli no fue allá. Nayeli fue a trabajar a “Morenas”, porque ya no quería ir ahí —a “Caballo Blanco”— y yo le dije que ya no fuera.
Según América, el motivo por el que su hija ya no se sentía a gusto hiendo a “Caballo Blanco” era porque ya habían ido a cobrar “cuota”.
Antes del 27 de agosto, Xóchilt había estado casi dos semanas sin trabajar hasta que su mamá le reprendió y le dio dos opciones: o trabajaba o se ponía a cuidar a sus hijos. Algunos días se dedicó al hogar y cuidó a los niños, pero aquel miércoles le avisó a su mamá que saldría a trabajar y cuando se fue aún no estaba segura de a cuál centro nocturno iría.
Después de la llamada de Laura, le marcó Ariel, el chofer que se encargaba de trasladar a las muchachas luego del trabajo. También le preguntó si ya sabía qué había pasado, aunque América no entendía qué tenía que ver con ella o con su hija. Al darse cuenta de su desconocimiento, el chofer no quiso contarle lo que había pasado. Ella insistió en que le dijera dónde estaba su hija y finalmente su interlocutor le contó del atentado en el bar y que ella estaba ahí: “Yo a todas las chamacas las llevé para allá”.
La mujer se desesperó al escuchar que su hija había ido a “Caballo Blanco”, le preguntó al chofer si ya había ido al hospital, porque ella no tenía forma de salir de su colonia, además de que estaba a cargo de sus nietos.
Su primera opción para informarse fue Facebook, ahí rápidamente se enteró del atentado, aunque todavía no circulaban fotos. Le comunicó de lo sucedido a su hermano, quien apenas había bromeado que era “un chisme” sin saber que ahí estaba su sobrina. América quería salir corriendo, pero nada más tenía 50 pesos. Ese había sido el motivo por el que su hija había salido a trabajar, porque ya no tenían dinero. Tan sólo el taxi desde la colonia Olmeca hasta donde vive su hermano para dejarle a los niños le saldría en 120 pesos: más del doble de lo que tenía a la mano.
“Yo salí como la loca a esa hora”, recuerda. Vistió a los niños y a la medianoche, con ellos, cruzó su colonia a oscuras hasta llegar al bulevar y finalmente hallar un taxi. El chofer se sorprendió de verla, a esa hora y con menores. Le pidió que la llevara a casa del padre de sus hijos.
“Ahorita está feo, viera que hubo un atentado”, le comentó el taxista. “Sí, ahí está mi hija”. Emprendieron el camino y oyó un: “Ay señora…”
Pasó a dejarlos y recibió 30 pesos, todo lo que pudieron darle. De ahí fue a la colonia Electricistas a buscar a su hermano. Cuando llegó a donde vivía, este la esperaba en la acera junto con su esposa. Le dieron 300 pesos. América le confesó a su hermano que sentía que su hija no estaba en el hospital, pero le pidió que no pensara eso. Él la acompañó en su travesía.
Primero pasaron al Hospital Comunitario “Valentín Gómez Farías”, un enorme conjunto de edificios de hormigón que ocupan una manzana en la colonia Centro. Ahí les dijeron que nada más había sido ingresada una mujer y que ya estaba identificada. No era su Xóchilt.
Tomaron otro taxi y pidieron ir al Hospital del IMSS, a un kilómetro de ahí, aunque América sentía que circulaban demasiado lento, “Dios mío, cuando más prisa tienes, cuando más haces lento el tramo”, pensó. Por alguna razón, el taxi bajó por la avenida Zaragoza casi hasta llegar al “Caballo Blanco” (que estaba a 180 metros del IMSS). Al ver la gente, las ambulancias, bomberos y hasta Protección Civil, la mujer se bajó del taxi en movimiento. “Mi hija está aquí”, dijo. “Nayeli está allá adentro”.
Sin embargo, antes de acercarse al local, corrió primero hacia el hospital del IMSS en donde le confirmaron que la paciente ingresada no era su hija. “Te lo dije, te lo dije que mi hija estaba aquí”, le espetó a su hermano al regresar.
En esos momentos comenzaron a circular fotografías del interior del bar. Una, en especial, le llamó la atención: en el primer plano yacía desnuda una mujer boca abajo cuyo cuerpo quedó colgando sobre una estructura de metal. Al fondo, rodeada de cuatro cuerpos de hombres, dos de cada lado, descubrió a Xóchilt boca abajo, con las piernas y manos abiertas en cruz, enfundada en un “body” de encaje negro y con calcetas negras hasta los tobillos. “Esta es Nayeli”, le dijo a su hermano, quien lloraba negándolo. “Reconozco a mi hija entre mil, sé lo que parí; estas calcetas son de Naye, esta ropa es de Naye, porque yo se la lavo”.
A poco más de un mes de la muerte de su hija, cuando ocurre esta entrevista, América confiesa que cree que, si hubiera llegado antes, si hubiera podido entrar, su hija se habría salvado. Difícilmente eso habría sido posible: las víctimas murieron por quemaduras, pero también por asfixia debido a los gases que se generaron en el interior. Eso no importa para la madre, que seguirá creyendo que “le faltó en ese momento”, que de haber estado cerca, su hija estaría con ella ahora.
Durante aquella madrugada percibió un aire frío, al que nombró “el soplo de la muerte”, el último suspiro de quienes estaban adentro y se los llevó. “Cuando pasó eso dije, ya pasó la muerte, ya recogió a todos; no hay nadie vivo”.
Como a las 4 de la madrugada, casi seis horas después del atentado, llegaron los peritos de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado. Los formaron en filas y les preguntaron a través de qué señas reconocerían a sus hijas e hijos. América mencionó el tatuaje que Xóchilt tenía en el brazo con el nombre de su hijo: Alexander. Notó cómo sacaron los cuerpos en bolsas de plástico negro y sólo alcanzó a pensar que ahí iba su hija.
Las autoridades le comentaron que tenía que presentarse a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía, cerca del Centro de Readaptación Social Duport-Ostión, del otro lado de la ciudad. Ahí le amaneció a América, quien vio con tristeza el inicio de un nuevo día.
Hasta las 6:30 de la mañana, América comunicó la noticia a otro de sus hermanos: “Diego, me mataron a mi hija”.
Entre el traslado hasta la Fiscalía y los trámites burocráticos de la muerte, América tuvo certeza de la muerte de su hija hasta casi la 1 de la tarde. No era la única: el lugar se abarrotó tanto de periodistas como de otras personas que preguntaban por sus familiares. No vio el cuerpo de Xóchilt, sino que lo reconoció a través de las fotografías que le mostraron en un libro. “En ese libro mi hija no estaba golpeada de las piernas, mi hija no tenía el ojo saltado; sí estaba hinchada de la cara, de las mejillas, sí, pero de todo el cuerpo, de lo demás, no”.
Según América, en el acta de defunción se asentó que la causa de muerte fue “envenenamiento”, “anoxia por cinco minutos”. Por eso cree que había otra sustancia que al hacer contacto con la gasolina provocó algún tipo de gas venenoso. No obstante, el monóxido de carbono produce anoxia tóxica, es decir una intoxicación o envenenamiento que impide que el oxígeno sea utilizado eficientemente.
El 30 de septiembre fue a Coatzacoalcos el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, y América logró hablar con él. El mandatario le dijo que “él tenía otra visión de las cosas, otra imagen, que a él le habían contado otras cosas, que él se lo imaginaba diferente, que no se imaginaba la magnitud del problema, las cosas que habían ocasionado, porque a él le dijeron que ya habían pagado los gastos funerarios”.
Aún frente al supuesto desconocimiento del Gobernador al momento de la tragedia este ofreció múltiples entrevistas en medios nacionales vinculando el caso al narcotráfico y envió al Secretario de Seguridad Pública a Coatzacoalcos, cuya estrategia de comunicación fue subir fotos en redes sociales donde supuestamente encabezaba operativos nocturnos en la ciudad.
América le reclamó la falta de apoyos a más de un mes de la muerte de su hija cuando Cuitláhuac acudió a Coatzacoalcos, pero no lo hizo para hablar con los familiares de “Caballo Blanco” sino para sostener una reunión con colectivos de desaparecidos que le exigían celeridad con sus expedientes. Ahí también increpó a Lorena Mendoza, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas en el Estado (CEAV), quien a su vez, de acuerdo con el reporte de la periodista Tamara Corro, argumentó que había un atraso en los apoyos porque el caso ahora estaba en manos de la Fiscalía General de la República, así a la que le correspondía pagar era la Comisión Federal de Atención Integral a Víctimas.
La caja en donde sepultaron a Xóchilt fue donada por la funeraria “Cristo Rey”, de Minatitlán, conseguida a través de un periodista de Coatzacoalcos. El servicio funerario, unos 4 mil 200 pesos, lo pagó su hermano, a quien apenas un mes después le depositaron el reembolso de ese gasto.
A pesar de las declaraciones previas del Gobernador sobre el caso y del hecho de ser el Ejecutivo estatal, América le creyó a Cuitláhuac que no estaba enterado bien de la situación de las víctimas, con las que ni siquiera se había reunido. “A como lo vi, serio, y lo que él comentaba con el asesor, el licenciado Arturo Márquez, él es el asesor del Gobernador porque él me lo puso, le estuvieron reclamando a la licenciada Lorena”. Le creyó, en partes, porque después de eso le pagaron a su hermano lo que gastó en la funeraria, pero ella no había recibido aún ningún tipo de indemnización.
Prosigue sobre Cuitláhuac: al día siguiente de la reunión, le hablaron de la Comisión de Víctimas a nivel federal y levantaron un censo de los niños que quedaron huérfanos, además de pedirle a las familias una cuenta de banco con Clabe Interbancaria para el depósito de 4 mil 366.44 pesos por pensión de alimentos. Este apoyo será mensual, aunque América desconoce durante cuánto tiempo.
Sin embargo, aunque creyó en sus promesas, también asegura que le advirtió a Cuitláhuac: “Usted es Gobernador, yo soy ciudadana, pero conozco mis derechos. Sé dónde portarme bien, con educación, y sé también dónde sacar lo del barrio. Y por los hijos, lo que sea. Y aquí, la que murió fue mi hija, no fue un perro. ¿Y por qué? Por la delincuencia organizada que ustedes mismos están permitiendo en el estado de Veracruz. Fácil se la pongo, porque no es culpa de uno. ¡Ya no puedes tener ningún negocio porque ya llegan y te cobran! ¿Y qué hacen las autoridades? Oigan me están extorsionando, “ay sí, haga su llamada anónima”. ¿Y te apoyan? No ¿Te ayudan? No”.
América sólo está agradecida con el pueblo de Coatzacoalcos por el apoyo que ha sentido de la gente, vecinos, amigos. Rememora entonces su época como “promotora del voto” del PRI, ya que sentía que era una especie de Robin Hood. Gestionaba apoyos del Ayuntamiento para dárselos a la gente, porque bajo su lógica “la gente de abajo es la gente que viene a poner arriba al que ahorita está ganando el dineral. Y los pobres seguimos siendo pobres y ellos se engordan el bolsillo”.
Pero le gustaría irse de Coatzacoalcos. Ahí no tiene ni dónde vivir más que una casa prestada de lámina de zinc. Si la reparación del daño se lo permite, quisiera poner un negocio, pero no en Coatzacoalcos: “¿Por qué? Porque si voy a trabajar para el crimen organizado, ¿a quién le voy a trabajar? ¿A qué Diputado? ¿A qué Senador? ¿O a qué funcionario que esté en las fiscalías?” No. Prefiere dejar la ciudad de toda su vida. Y es que vislumbra que a sus 44 años tiene que volver a empezar: todavía tiene un hijo de 10 años, además de sus nietos de siete y tres años. Cuando la más pequeña alcance los 20, América ya tendrá más de 60. “¿Qué futuro les espera aquí en Coatzacoalcos?”
Tampoco espera una justicia institucional. Más bien habla de aquel tipo de justicia que viene por sí mismo, pues “tarde o temprano, todo se paga en esta vida”.
El helado se acabó. La niña de 3 años se entretiene con juegos y videos en un celular que le presta su abuela. Entre su inocencia, sabe que no verá a su mamá nunca más. América lo revela cuando le pregunta “¿dónde está tu mami?” Entonces la niña responde como su labio leporino le permite: “Aña” (allá), señalando con su dedo al cielo, sin despojar al celular de su mirada. “¿Qué está haciendo?”, insiste América. “Está durmiendo”.
Entonces América reproduce un video. Se ve un cementerio. La grabación, en vertical, sigue a una niña —esta niña— con un vestido rojo. Camina entre las tumbas, sorteando pasillos estrechos hasta llegar a un sepulcro de concreto, humilde, apenas por fraguar. Fresco el cemento, como el recuerdo, como la muerte. Y la niña abraza la tumba de su madre que “está durmiendo”.
—¿Cuándo va a venir mi mamá?
—No, ya no va a venir.
LEGÍTIMO INTERÉS
El 17 de septiembre de 2019, el periódico El Liberal del Sur documentó que el abogado Alan Domínguez Muñoz, descrito en la nota como “defensor independiente de los Derechos Humanos”, estaba representando a 14 familias de víctimas que fallecieron en “Caballo Blanco” y que estaban solicitando hasta 1.5 millones de pesos “de reparación integral del daño al Estado Mexicano por cada persona que murió producto de ese atentado.” En la misma nota, el abogado explicaba que “este beneficio sería para 14 personas que aceptaron que él diera el acompañamiento formal ante autoridades”. Esto levantó sospechas en más de algún reportero veracruzano.
Alan Domínguez, licenciado en Derecho y en Ciencia Política, con una maestría en Derechos Humanos, también representa a las familias de las víctimas de la “masacre de Minatitlán”. En entrevista, explica que, en lo referente a Coatzacoalcos, las familias no lo buscaron a él, sino que fue a través de una persona que conocía a la mayoría de las bailarinas, como contactó con ellas. Luego, asegura, “pues es legítimo un interés económico, ¿no crees?” Y justifica que el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido deficiente, por ejemplo, al perder expedientes completos y pedirle copias a las familias.
Él es oriundo del norte del país y considera que su carrera como abogado se orienta a la defensoría en casos de violaciones de Derechos Humanos. Además, denuncia que la Fiscalía es perversa por criminalizar a víctimas y denostar a los defensores, pero “ellos son los que están coludidos con la delincuencia organizada”.
Durante la entrevista, realizada el mismo día que a América, rectifica que son 12 familias a las que representa y que faltaba entablar contacto con el resto, pues no todos querían, además de que tiene aspiraciones a futuro dentro de la CNDH. Lo que no menciona en esos momentos es el porcentaje de los honorarios respecto a la indemnización que está promoviendo.
América enterró a su hija el jueves 29 de agosto y al día siguiente conoció a Alan, quien la llevó a la CNDH para interponer una denuncia por “lo del SEMEFO, el trato a los cuerpo y todo eso”. Fueron 14 familias las que acudieron. “Él no dijo nada más, el dijo que nos iba a ayudar… y se fue”, dice la mujer.
Después de la declaración sobre la indemnización de millón y medio, América consideró que los pusieron en un riesgo innecesario al dar esa información, porque hay quienes ya creen que recibieron esta cantidad de dinero.
Tras interponer la denuncia ante la CNDH y contar con el “apoyo” del abogado, casi un mes después América se enteró que le cobrarían una comisión del 30 por ciento. “¿El 30 por ciento? O sea, papá, ¿que tú te vas a hacer millonario de la noche a la mañana?” Había creído que la ayudaba de buena fe. América declaró que hablaría con el abogado y le diría: “A ver Alan, si tú andas peleando que nos den lo poquito que nos vaya a dar o mucho por la muerte de mi hija, tú te vas a hacer rico a costillas de ella, de la muerte de ella”. La mujer admitió que estaría bien si le hubiera pedido un 10 por ciento o 15 por ciento por el apoyo, pero en lo que no estaba de acuerdo era en haber recibido la ayuda desde el inicio sin saber del cobro de esta “comisión”.
“Él dijo que era abogado que venía por parte de la Comisión de Derechos Humanos, no por su despacho. Ya fue hasta ahora que ya lo entendimos, que ya nos lo explicó”. Aunque durante la entrevista América se mostró firme en reclamarle al abogado, un mes más tarde, en noviembre, confirmó que seguirá trabajando con él a cambio del mencionado porcentaje sobre la reparación integral. Las otras compensaciones no se tocarán.
En el caso que se indemnizara a cada familia con 1.5 millones de pesos, los honorarios por cada uno ascenderían a 450 mil pesos, que por 12 familias representadas se convertiría en la cantidad de 5 millones 400 mil pesos el defensor. Por otra parte, para el Estado Mexicano la indemnización a este grupo costaría 18 millones de pesos, contando que son menos de la mitad de las víctimas: si se indemnizara a cada familia de las 31 víctimas, la cifra aumentaría hasta los 46.5 millones de pesos.
EXTORSIÓN QUE ASFIXIA; AUTORIDADES CÓMPLICES
Lo que ocurrió en el bar de Caballo Blanco no se puede entender como un hecho aislado en Coatzacoalcos ni en Veracruz, estado en el que el delito de extorsión, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), tuvo un aumento significativo de denuncias en 2017, cuando se dio la transición política en la entidad: mientras que en 2016 se contaban 192 registros, para el 2017 casi se triplicaron al alcanzar 609 casos; para el 2018, aunque hubo un ligero descenso, se contabilizaron 578 denuncias por este delito y para 2019, hasta agosto, 410 casos. En este 2019, además, Veracruz ocupa el doceavo lugar en incidencia delictiva según esta base de datos.
El municipio de Coatzacoalcos experimentó un aumento de la violencia desde el 2014, cuando la Policía del Estado fue señalada de múltiples desapariciones forzadas, mismas que dieron origen a dos colectivos de búsqueda de desaparecidos en esa ciudad: Madres en Búsqueda Coatzacoalcos y Madres en Búsqueda Belén González.
Los incendios de negocios fueron tratados por la prensa porteña como una relación entre la delincuencia y la extorsión, mientras que no hubo cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades, aún a pesar de que la Guardia Nacional comenzó a operar en la región desde finales de abril, como respuesta de Andrés Manuel López Obrador a otra masacre: el homicidio multitudinario de Minatitlán, ciudad vecina de Coatzacoalcos, ocurrido el 19 de abril de 2019, un “Jueves Santo”, que dejó un saldo de 14 personas muertas, entre ellas un niño de apenas 1 año de edad. La palapa donde se desarrollaba la fiesta al estilo del Istmo de Tehuantepec se llamaba “La Potra”, una desagradable —equina— coincidencia con el nombre del sitio en donde meses más tarde perderían la vida una treintena de personas en Coatzacoalcos.
Nombre aparte, otra coincidencia sería que la Fiscalía General del Estado, cuyo titular era Jorge Wínckler Ortiz, tomó como principal línea de investigación la “disputa” de dos grupos por la distribución de estupefacientes en el bar, propiedad de una de las víctimas (narrativa que ocuparía Cuitláhuac García en el caso de “Caballo Blanco”). La Fiscalía General de la República, por el contrario, reclamó que se trataría de un caso de extorsión y responsabilizó a un sujeto apodado “El Lagarto”, versión que fue negada por Wínckler y que a la postre se convertiría en un incentivo político para su posterior destitución.
Esta historia de extorsiones por parte de presuntos grupos delincuenciales ligados al narcotráfico —coloquialmente conocidas como “cobro de piso”— comenzó a documentarse por la prensa en Coatzacoalcos desde el 2016, pero tuvo relevancia a nivel nacional después de la matanza de Caballo Blanco, al grado de que, posteriormente a este evento, cualquier incendio en un negocio fue retomado por medios nacionales como un caso de extorsión, aun cuando tuvieran otras causas.
Sin embargo, la información de los medios de la zona sur de Veracruz que han cubierto las declaraciones de los representantes de cámaras comerciales o grupos empresariales, se ha enfocado más en la narrativa de una extorsión criminal, una cuota para poder tener un negocio abierto por parte de la organización delictiva “en turno” —esto, según las autoridades— sin exponer una relación con los Ministerios Públicos, la Policía Ministerial o la Policía Estatal, el Ejército y la Marina, que patrullan Coatzacoalcos desde el 2013 con la desaparición de la Policía Intermunicipal, una iniciativa del Gobierno del Estado que encabezaba Javier Duarte de Ochoa.
Una excepción es lo que expone Raúl Ojeda Blanca, quien hace dos años comenzó la asociación “Ciudadanos Unidos por Coatzacoalcos” a causa del aumento de la inseguridad en la ciudad. El entrevistado menciona que ha dado acompañamiento para interponer denuncias por los casos de extorsión o secuestro a comerciantes y empresarios, pero han concluido que el mayor problema que observan es el empoderamiento de la delincuencia relacionada con “la impartición de justicia, las fiscalías, los jueces, los magistrados. Estamos viendo: Detienen, suelta, detienen, suelta. O que el fiscal integra mal la averiguación o que el juez no ve los elementos suficientes y eso hace ver que o están coludidos, hay una gran corrupción o están amenazados”.
Ojeda Blanca explicó que el modelo de extorsión en Coatzacoalcos ha minado gravemente la economía de la ciudad. Desde negocios establecidos hasta puestos informales, la estrategia a la que se someten es pagar inicialmente 2 mil pesos mensuales, que al poco tiempo se duplica y meses más tarde vuelve a aumentar. Entonces deben cerrar o perder su negocio a manos de otras personas.
El Presidente de esta asociación civil insistió en que sí hay denuncias por extorsión, pero han descubierto que en cuanto acuden a la Fiscalía, los denunciantes sufren represalias físicas. “De algún modo se enteran”. Además, describió que los agentes ministeriales suelen pedir apoyos para “la gasolina” para iniciar las investigaciones y, aún cuando van al lugar, no hay avances en los casos.
Un ejemplo de la relación que hay entre autoridades y la delincuencia “empoderada” lo describe de la siguiente forma: en el centro de Coatzacoalcos hay plazas de venta de artículos de importación, conocidos como “fayuca”. Saben que hay extorsiones para poder vender.
Hace unos meses un “cobrador” fue asesinado y los locatarios expusieron que antes de eso ya habían denunciado las extorsiones, que incluso llegó una patrulla, lo detuvieron y a dos cuadras lo dejaron libre. “¿Les dieron dinero, están coludidos o qué está pasando?”
Raúl Ojeda dice haber experimentado algo similar con la Fiscalía, cuando fue a poner una denuncia y notó que los agentes tenían información de su caso, cómo había pasado y dónde era, pero nunca sucedió nada más. No hay investigaciones bajo el argumento de malos pagos —de ahí, las excusas para pedir para “la gasolina”—. Una Fiscalía convertida, más bien, en “una bodega de papeles”. Al final, la lección que han tenido los comerciantes que se han acercado a esta asociación es que denunciar sirve de poco, mientras la Fiscalía no trabaje, mientras la Policía esté coludida. Patrullas recorren la ciudad, “pero no vemos resultados”. Y los negocios que siguen operando, como los restaurantes, desactivan seguros electrónicos desde adentro para que los clientes puedan ingresar a comer a puerta cerrada.
Pese a la transición del PRI de Duarte, al PAN de Yunes y a la “Cuarta Transformación” de Morena con Cuitláhuac García, la vinculación de la Policía sigue siendo una constante la desaparición forzada, el asesinato y otros crímenes en esta ciudad.
El caso “Caballo Blanco” pasó rápidamente de mediático pasó a político cuando Cuitláhuac García, el gobernador, aseguró que el autor material era un sujeto conocido como Ricardo “La Loca”, detenido meses atrás presuntamente por el incendio a otros locales y liberado por la Fiscalía de Veracruz, esto en marco de la pugna que mantenía con el entonces Fiscal, Jorge Wínckler. Wínckler contestó que en ambas detenciones no fue la FGE la que lo liberó, sino la Fiscalía General de la República.
Para el 3 de septiembre el Fiscal fue destituido, en el segundo intento por parte del Congreso de Veracruz, luego de un fallido proceso a inicios de año. Una semana más tarde, entre ocho rostros en una lona impresa a color destacaba la foto de Wínckler, no cualquiera, sino aquella cuando tomó protesta en el cargo. “C.J.N.G. Destruye Coatzacoalcos”, se lee en el encabezado. “Los responsables de la peor masacre registrada en Coatzacoalcos, Wínckler y “80”. Wínckler es compadre de José Roberto Sánchez Cortés alias el 80” (sic) es lo que se podía leer. Las lonas aparecieron en dos puntos de Coatzacoalcos. La policía insistió en que eran obra de “un grupo contrario”.
Desde entonces Wínckler está prófugo, mientras que Cuitláhuac impuso a una abogada como Fiscal de los veracruzanos: una exfuncionaria del Secretario de Gobierno, Éric Cisneros, con experiencia en diversos campos legales, menos en materia penal, y quien dio su primer conferencia de prensa con un saco alusivo a los colores de MORENA y, detrás de ella, una mampara con nuevo logo de la FGE incluido —también con los colores y motivos institucionales—, después de advertir a su llegada que ella es la encargada y que todos estaban a su disposición y bajo sus órdenes.
De acuerdo con el testimonio ofrecido por un policía ministerial, siempre que haya relación entre la Fiscalía y el Gobierno del Estado existe la orden de no proceder judicialmente en contra de la Policía del Estado y viceversa.
Mientras tanto, las familias de quienes fueron asesinados en “Caballo Blanco” se han mantenido en vilo por los apoyos prometidos. Y sobre la indemnización, en cuanto la tengan, en una docena de los casos, el 30 por ciento se irá a manos del abogado defensor. Y la promesa a las víctimas, aquella que se creyó América, la madre de Xóchilt, Cuitláhuac García la respondería con sepulcral silencio.
Silencio confrontado por las balas, casi a diario, en un Veracruz en donde los asesinatos se cuentan por miles a lo largo de esta década, donde “Caballo Blanco” es el contexto político de una destitución y una imposición en el puesto clave de la impartición de justicia: un episodio más, incrustado en una narrativa fantasiosa de bandos separados, de policías “buenos” y narcotraficantes “malos”, que nunca, jamás, osarían mezclarse.
